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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH presenta Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Am�ricas
10 de mayo de 2012
Washington, D.C. - Desde su creaci�n hace m�s de medio siglo, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dedicado particular atenci�n a la grave situaci�n de las personas privadas de libertad en las Am�ricas, y ha constatado que el respeto a sus derechos humanos es uno de los principales desaf�os que enfrenta la regi�n. En este contexto, la CIDH publica hoy el Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Am�ricas, en el cual se identifican los problemas fundamentales observados en las c�rceles de la regi�n.
El informe identifica que los problemas m�s graves y extendidos en las c�rceles y otros centros de privaci�n de la libertad en la regi�n son: el hacinamiento y la superpoblaci�n; las deficientes condiciones de reclusi�n, tanto f�sicas, como relativas a la falta de provisi�n de servicios b�sicos; los altos �ndices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; el empleo de la tortura con fines de investigaci�n criminal, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales; el uso excesivo de la detenci�n preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblaci�n carcelaria; la ausencia de medidas efectivas para la protecci�n de grupos vulnerables; la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas; la corrupci�n y falta de transparencia en la gesti�n penitenciaria; y el uso excesivo de la detenci�n preventiva.
La falta de control efectivo por parte del Estado en diversos centros penales de la regi�n produce graves situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad personal de los reclusos, como por ejemplo altos �ndices de violencia carcelaria, organizaci�n y direcci�n de hechos delictivos desde las c�rceles, y sistemas de “autogobierno” o “gobierno compartido”, lo cual tambi�n es producto de la corrupci�n end�mica en muchos sistemas.
La Comisi�n Interamericana considera que esta realidad es el resultado de d�cadas de desatenci�n del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos de la regi�n, y de la apat�a de las sociedades, que tradicionalmente han preferido ignorar el tema. De esta manera, los centros de privaci�n de libertad se han convertido en �mbitos carentes de monitoreo y fiscalizaci�n, en los que impera la arbitrariedad y la corrupci�n. La naturaleza de esta situaci�n revela la existencia de serias deficiencias estructurales que afectan gravemente derechos humanos inderogables, como el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos. Asimismo, esta realidad impide que las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos: la reforma y la readaptaci�n social de las personas condenadas.
En relaci�n con el derecho a la vida, el informe analiza las muertes provocadas por agentes estatales, las resultantes de la violencia en las c�rceles, as� como las derivadas de la falta de prevenci�n y reacci�n eficaz de las autoridades. En este sentido, la CIDH destaca que en el caso de los incendios, independientemente de la causa inicial que haya causado el fuego, la mayor�a se han producido en c�rceles superpobladas, con instalaciones f�sicas deterioradas, en las que no hab�a mecanismos ni protocolos para hacer frente a estas situaciones, y/o en circunstancias en las que las autoridades fueron manifiestamente negligentes en controlar la situaci�n de emergencia.
En relaci�n con el derecho a la integridad, el informe destaca que la mayor�a de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas de investigaci�n criminal. Entre las principales causas que contribuyen a la persistencia de esta pr�ctica se identifica la existencia de pr�cticas institucionales heredades y una cultura de violencia firmemente arraigada en las fuerzas de seguridad de los Estados; la impunidad; la falta de dotaci�n de recursos, equipos adecuados y capacitaci�n t�cnica en los cuerpos de seguridad; las respuestas represivas del Estado como “pol�ticas de mano dura” y “tolerancia cero”; y el conceder valor probatorio a las confesiones o a informaci�n obtenida mediante el empleo de torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe subraya que es imposible cualquier expectativa de rehabilitaci�n personal y readaptaci�n en sistemas penitenciarios en los que existen patrones sistem�ticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos por parte de las propias autoridades; en los que se reportan altos �ndices de violencia carcelaria; en los que existen c�rceles en las que el control efectivo de la seguridad interna es ejercido por los propios presos, y no por las autoridades competentes; o en los que el Estado no provee condiciones m�nimas de espacio, alimentaci�n, higiene y atenci�n m�dica. Uno los problemas m�s graves y extendidos en la regi�n es, precisamente, la falta de pol�ticas p�blicas orientadas a promover la rehabilitaci�n y la readaptaci�n social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. En este sentido, el hecho de que la poblaci�n carcelaria de un Estado sea significativamente joven, hace a�n m�s imprescindible el que se desarrollen pol�ticas efectivas de rehabilitaci�n, que incluyan oportunidades de estudio y trabajo; toda vez que se trata de una poblaci�n que puede tener una vida productiva por delante, y que de no ser as� dicha poblaci�n corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusi�n social y reincidencia criminal.
En este sentido, el informe se sustenta en la idea fundamental de que el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no est� en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que, por el contrario, el hecho que los sistemas penitenciarios funcionen realmente como mecanismos de rehabilitaci�n contribuir�a a la prevenci�n del delito y la violencia, y por lo tanto a alcanzar la seguridad ciudadana.
Este informe ha sido publicado gracias al apoyo del Fondo de Espa�a para la OEA.
La CIDH es un �rgano principal y aut�nomo de la Organizaci�n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi�n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la regi�n y act�a como �rgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH est� integrada por siete miembros independientes que son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA a t�tulo personal.
No. 45/12