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CIDH
Comunicado de Prensa
Ante la asunci�n de un nuevo mandato presidencial, la CIDH alerta sobre la profundizaci�n del debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela
9 de enero de 2019
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Washington, D.C. – Frente a la asunci�n de un nuevo mandato del Presidente Nicol�s Maduro el 10 de enero pr�ximo, como resultado de un proceso electoral que no cont� con las m�nimas condiciones para la realizaci�n de elecciones libres y justas en el pa�s, la Comisi�n alerta sobre la profundizaci�n del debilitamiento institucional en Venezuela, advierte sobre la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos y alerta sobre las graves consecuencias que ocasionar�a el retiro del Estado de la OEA para la poblaci�n venezolana.
El 20 de mayo de 2018 el Presidente Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En las instancias previas del proceso electoral, se evidenciaron reales obst�culos para la participaci�n efectiva de la oposici�n, lo que se tradujo en un alto grado de abstenci�n de las fuerzas pol�ticas que afect� el pluralismo necesario en elecciones democr�ticas. Las injerencias de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre el CNE, organismo que carece de independencia e imparcialidad, la reprogramaci�n del calendario electoral de modo imprevisible, la no validaci�n de los partidos pol�ticos por no haber participado en “elecciones inmediatamente anteriores” por parte de la ANC, las inhabilitaciones para ejercer la funci�n p�blica a integrantes de la oposici�n y potenciales candidatos a cargos p�blicos electivos, los plazos excesivamente cortos y requisitos impuestos por el CNE para inscribir candidatos, la convocatoria apresurada a elecciones y la afectaci�n en el registro de nuevos electores y personas venezolanas en el extranjero; todos estos factores mermaron significativamente la participaci�n y la posibilidad efectiva de que la poblaci�n cuente con opciones sustantivas para el cargo de la presidencia. Solo un partido pol�tico logr� su validaci�n en las elecciones presidenciales. El n�mero de partidos pol�ticos disidentes contin�a reduci�ndose progresivamente, 21 partidos pol�ticos nacionales mientras que 2016 se contaba con un total de 67. La OEA, la Uni�n Europea, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron sobre la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales. El Grupo de Lima, a su vez, realiz� un llamado al Presidente a no asumir la presidencia el pr�ximo 10 de enero y lo inst� a respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y transferirle en forma provisional el poder ejecutivo hasta la realizaci�n de nuevas elecciones presidenciales democr�ticas.
El modo en que desarrollaron las elecciones presidenciales profundiz� la crisis institucional. Desde hace a�os la CIDH ha alertado sobre el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democr�tica y la situaci�n de derechos humanos que atraviesa en Venezuela. En su Informe "Institucionalidad Democr�tica, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, la Comisi�n remarc� la inobservancia del principio de separaci�n de poderes existente en el pa�s. Tambi�n consider� que existe una usurpaci�n de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, as� como una anulaci�n de facto del voto popular, a ra�z de la falta de independencia judicial y las constantes intromisiones del Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la ANC sobre materia propias de la Asamblea Nacional (AN). La detenci�n de los diputados Requesens y Borges en el 2018, luego de que fueran levantadas sus inmunidades parlamentarias, evidencian la continuidad de esta grave situaci�n. A su vez, la ANC convocada por el Presidente, criticada en su origen y conformaci�n, continu� durante el 2018 adoptando decisiones que excedieron su naturaleza y violan el principio de separaci�n de poderes en detrimento de la Asamblea Nacional, tales como autorizar el enjuiciamiento de los mencionados diputados, o refrendar la designaci�n del Presidente del Banco Central efectuada por el Ejecutivo. El congelamiento presupuestario y la discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos financieros para el funcionamiento de la AN son factores que dificultan a�n m�s su labor. Por su parte, el Ejecutivo prorrog� por Decreto el Estado de Excepci�n y Emergencia Econ�mica, sin la aprobaci�n de la AN tal como exige la Constituci�n, quedando facultado a ejercer poderes extraordinarios y adoptar medidas excepcionales para asegurar el orden y restringir las garant�as.
El debilitamiento de la institucionalidad democr�tica ocurre en un contexto estructural de represi�n y persecuci�n a la disidencia, en el marco de la militarizaci�n de la seguridad p�blica, que agrava el deterioro de los derechos pol�ticos y a la participaci�n en la vida p�blica, en estrecha relaci�n con la afectaci�n a la libertad de expresi�n. Seg�n informaci�n recibida por la CIDH, en los primeros nueve meses del a�o se contabilizaron 14 personas fallecidas en el contexto de protestas sociales. A su vez, luego de las protestas de abril-junio de 2017, alrededor de 757 civiles habr�an sido procesados en la jurisdicci�n penal militar.
La CIDH y su Relator�a Especial sobre Libertad de Expresi�n contin�an observando la profundizaci�n del deterioro a la libertad de expresi�n en Venezuela, debido a la apertura de procesos penales contra periodistas que investigan hechos de corrupci�n, como es el caso de los periodistas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg del portal Armando.info, la pr�ctica de detenciones arbitrarias de comunicadores que cubren protestas y las detenciones de ciudadanos que expresan cr�ticas o disienten con el gobierno a trav�s de las redes sociales. Se registraron nuevos casos de aplicaci�n de la denominada “Ley contra el Odio”. Tambi�n se han denunciado nuevas estrategias para intentar controlar la circulaci�n de informaci�n en Internet, a trav�s del bloqueo de sitios web y la vigilancia de las comunicaciones de ciudadanos en redes sociales. Adem�s, se agrav� la situaci�n de provisi�n de papel por parte de la empresa estatal que monopoliza ese insumo, lo que determin� que al menos 35 peri�dicos vieran reducidas sus ediciones, tirajes y/o dejar�n de circular.
La CIDH ha reiterado que existe una relaci�n directa entre el ejercicio de los derechos pol�ticos y el concepto de democracia como forma de organizaci�n del Estado. La Comisi�n le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadan�a y a los grupos pol�ticos organizados el derecho a la participaci�n pol�tica y a libertad de expresi�n sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate p�blico plural, amplio y robusto. La relaci�n entre derechos humanos, derechos pol�ticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democr�tica Interamericana, donde se se�ala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeci�n al Estado de derecho; la celebraci�n de elecciones peri�dicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresi�n de la soberan�a del pueblo; el r�gimen plural de partidos y organizaciones pol�ticas; y la separaci�n e independencia de los poderes p�blicos".
En paralelo al creciente deterioro institucional y las afectaciones a los derechos pol�ticos, la CIDH y la Relator�a Especial sobre Derechos Econ�micos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) continuaron observando un agravamiento en el acceso a los derechos econ�micos, sociales y culturales en el pa�s. En octubre de 2018, junto a varios expertos del sistema de Naciones Unidas, se alert� sobre serio deterioro del sistema de salud, a causa del desabastecimiento de medicamentos, el estado de las instalaciones y falta de personal e insumos m�dicos. La reaparici�n de epidemias erradicadas d�cadas atr�s refleja la gravedad de la situaci�n. En 2018, se registraron 230 muertes por casos de difteria y sarampi�n. Se estima que, entre 2017 y 2018, 2.500 personas que requieren de di�lisis por deficiencias renales, fallecieron por causa de la crisis del sistema de salud. M�s de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017 y el n�mero de defunciones de estas personas aument� de 1.800 en 2014 a posiblemente m�s de 5.000 en los �ltimos a�os, seg�n informes de la sociedad civil. A su vez, la escasez de alimentos y el encarecimiento de los pocos productos proteicos o suplementos nutricionales disponibles en el pa�s provocan la desnutrici�n cr�nica infantil, de personas adultas mayores y el deterioro de la alimentaci�n saludable.
La CIDH se�al� en su Resoluci�n 2/18 que las violaciones masivas a los derechos humanos, as� como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando el pa�s como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, ha llevado a cientos de miles a migrar hacia otros pa�ses de la regi�n en los �ltimos a�os. Seg�n el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organizaci�n Internacional para las Migraciones (OIM), la cifra de migrantes y refugiados venezolanos para diciembre de 2018 era de 3.314,195, de los cuales 460,000 son ni�os, sin que existan previsiones de retorno a corto o mediano plazo a Venezuela. Las proyecciones indican que para finales de 2019, otros 2 millones de venezolanos podr�an abandonar su pa�s.
Durante el a�o de 2018 la CIDH otorg� 6 medidas cautelares solicitando al Estado de Venezuela la protecci�n de: ni�as y ni�os pacientes del �rea de Nefrolog�a del Hospital Jos� Manuel de los R�os, debido a la falta de un tratamiento m�dico adecuado a causa del desabastecimiento; Juan Carlos Caguaripano, Luis Humberto de la Sotta Quiroga, Pedro Patricio Jaimes Criollo, privados de su libertad sin acceso a la atenci�n m�dica adecuada; Juan Carlos Requesens Mart�nez, tambi�n privado de su libertad en riesgo de ser objeto de actos de violencia; C.L. y otras 42 personas en riesgo por la falta de entrega de medicamentos antirretrovirales para tratar adecuadamente el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o S�ndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
A su vez, durante 2018 la Corte Interamericana emiti� dos sentencias de fondo respecto de Venezuela. En su sentencia en el caso San Miguel Sosa y otras del 8 de marzo de 2018, la Corte Interamericana declar� la responsabilidad internacional de Venezuela por violaci�n a los derechos a la participaci�n pol�tica y a la libertad de pensamiento y expresi�n, en relaci�n con el principio de no discriminaci�n; el acceso a la justicia y a un recurso efectivo para tutelar los derechos de las v�ctimas; y el derecho al trabajo. El caso se relaciona con la terminaci�n arbitraria de los contratos laborales de tres funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras, como consecuencia de una desviaci�n de poder motivada por una voluntad de represalia en su contra por haber firmado una solicitud de refer�ndum revocatorio del mandato del entonces Presidente de la Rep�blica Hugo Ch�vez Fr�as en diciembre de 2003, en un contexto de denuncias de represalias y persecuci�n pol�tica.
El 26 de septiembre de 2018 en el caso L�pez Soto y otros, la Corte declar� la responsabilidad internacional del Estado por la violaci�n de los derechos al reconocimiento de la personalidad jur�dica, integridad personal, prohibici�n de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibici�n de la esclavitud, libertad personal, garant�as judiciales, dignidad, autonom�a y vida privada, circulaci�n y residencia, igualdad ante la ley y protecci�n judicial, en relaci�n con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, de no discriminar, y de adoptar medidas de derecho interno, as� como por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del art�culo 7 de la Convenci�n de Bel�m do Par� y de los art�culos 1, 6 y 8 de la Convenci�n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Linda Loaiza L�pez Soto fue v�ctima de extrema violencia f�sica, psicol�gica y sexual por parte de un particular, en total indefensi�n como consecuencia de la manifiesta omisi�n del Estado de protegerla frente al riesgo que enfrentaba.
Asimismo, la Corte Interamericana continu� dando cuenta del incumplimiento manifiesto por parte del Estado venezolano de sentencias emitidas en a�os anteriores. Por esta raz�n, la Corte dispuso continuar aplicando el art�culo 65 de la Convenci�n Americana e incluir en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA dicha situaci�n de incumplimiento, sin perjuicio de continuar supervisando directamente tales fallos.
Como en anteriores oportunidades, la CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separaci�n de poderes, el principio de representaci�n popular y las competencias que la constituci�n confiere a cada �rgano, garant�a indispensable de un r�gimen democr�tico y del Estado de Derecho. En particular, la Comisi�n urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes p�blicos y a la participaci�n en la vida pol�tica en el pa�s de todos los sectores, y como as� tambi�n a destinar todos los esfuerzos posibles para erradicar de modo urgente las causas de la escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos, que acarrean grav�simas consecuencias para la vigencia de los derechos de la poblaci�n.
La Comisi�n ha tomado nota de la denuncia por parte del Estado venezolano de la Carta de la OEA, la cual entrar�a en vigor en abril pr�ximo. En otras oportunidades la CIDH se pronunci� sobre el grave retroceso y el debilitamiento de la protecci�n internacional que significa la denuncia de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos efectuada por Venezuela, la cual entr� en vigencia el 10 de septiembre de 2013. La Comisi�n tambi�n remarc� que, como Estado miembro de la OEA, Venezuela sigue sujeto a la jurisdicci�n de la Comisi�n y a las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaraci�n Americana, suscritas por el Estado en 1948. La denuncia a la Carta de la OEA, decisi�n sin precedentes en el sistema interamericano que fue deplorada por la CIDH, genera una profunda preocupaci�n por su impacto en el acceso a los mecanismos interamericanos de protecci�n de derechos humanos por parte de los venezolanos y venezolanas, en el grave contexto que la Comisi�n ha venido reportando. Existen diversas preocupaciones respecto de la eficacia y validez de dicha denuncia. Igualmente, la Comisi�n toma nota de que Venezuela no ha denunciado varios instrumentos interamericanos de derechos humanos que le otorgan mandatos. Por ello, la Comisi�n analizar� detalladamente todos los aspectos relacionados con la denuncia y adoptar� una posici�n sobre sus consecuencias respecto de la continuidad de su mandato de promoci�n y protecci�n de los derechos humanos en Venezuela. La CIDH reitera su llamado al Estado a revertir la decisi�n de retirarse de la OEA, y a retomar sus compromisos bajo la Convenci�n Americana y la competencia contenciosa de la Corte IDH.
Asimismo, la CIDH reitera su disposici�n para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democr�tico en el pa�s. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observaci�n, que la Comisi�n viene solicitando desde el a�o 2004.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 005/19